Los ayuntamientos, los grandes perjudicados de los presupuestos
Los consistorios y la Diputación recibirán 108 millones de euros menos el próximo año El PP advierte de que pueden dejarse de prestar servicios o que estos disminuyan
03.10.09 -
Recoge el dicho popular que a perro flaco todo se le vuelven pulgas; este aserto se le puede aplicar a la situación financiera que están sufriendo actualmente los ayuntamientos españoles en general. Al histórico hecho de que desde la instauración de la democracia no se ha resuelto el tema de la financiación local y de que la actual crisis económica ha hecho que los ingresos provenientes de los impuestos -fundamentalmente los vinculados a la actividad urbanística- hayan ido disminuyendo en los últimos dos años, ahora se une una reducción de los ingresos que recibirán los gobiernos locales por parte del Gobierno central en concepto de su participación en los ingresos del estado. Queda así configura la tripleta de 'jinetes del Apocalipsis' que amenaza las arcas de los consistorios.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 prevén que los 101 ayuntamientos de la provincia y la Diputación de Málaga reciban 108 millones de euros menos que el presente ejercicio, un 18,5%. Según los datos que ayer facilitaron en rueda de prensa los diputados del PP Celia Villalobos y Juan Manuel Moreno Bonilla, estas corporaciones locales percibirán 475,7 millones de euros frente a los 583,7 de 2009.
El Consistorio de la capital, gobernado por los populares, es el que sufre una mayor rebaja, ya que dejará de ingresar 42,1 millones de euros, mientras que a la otra gran ciudad de la provincia, Marbella, no llegarán 5,3 millones de euros. El resto de ayuntamientos dejarán de percibir treinta millones de euros, la misma rebaja que sufrirá la Diputación Provincial, gobernada por la coalición PSOE-IU.
Guerra de cifras
Un escenario que llevó a los diputados populares a advertir de que los ayuntamientos, fundamentalmente las localidades más pequeñas -en la provincia el 60% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes-, pueden dejar de prestar determinados servicios básicos o que estos disminuyan ya que el 90% de sus ingresos provienen de estas transferencias estatales. «Este año el presidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero) ha decidido convertirse en el presidente más antimunicipalista de la historia democrática», dijo Moreno Bonilla.
Desde las filas socialistas, el diputado y líder del partido en Málaga, Miguel Ángel Heredia, contraatacó ante estas cifras aduciendo que los populares no habían tenido en cuenta las cantidades que entrarán en las arcas municipales cuando se apruebe el segundo 'plan Zapatero' para el fomento de la economía y el empleo local. Una iniciativa que, según sus datos, destinará 200 millones de euros a los municipios de la provincia. Por ello, según los cálculos socialistas, las transferencias a los ayuntamientos aumentarían en 87 millones de euros, un 14,5% que este año.
«La descentralización de competencias y la financiación local están recibiendo un fuerte impulso de la mano de los gobiernos socialistas, sobre todo, en materia de empleo, donde las administraciones central y autonómica se han volcado con la provincia», subrayó Miguel Ángel Heredia.
Al margen de esta guerra de cifras y cruce de acusaciones, la situación que viven los ayuntamientos de la provincia no es excepcional, sino que es la tónica general. Así, la Federación de Municipios y Provincias (Femp), en su primer avance sobre las cuentas del Estado para 2010, ya reconocía que habría una reducción de las transferencias del Estado.
Asimismo, este organismo aprobó una moción para elevarla al Gobierno central en la que piden que el 60% de los 5.000 millones de euros con que se dotará ese segundo 'plan Zapatero' puedan destinarse a la financiación de gastos relacionados con las políticas sociales y otros servicios públicos que actualmente prestan los ayuntamientos y cuya continuidad «podría ponerse en peligro» como consecuencia de la minoración de las ingresos en 2010. En un principios, según el plan gubernamental, ese dinero está condicionado a inversiones productivas sostenibles, renovación tecnológica, creación de tecnología en el tejido urbano, ahorro energético, sostenibilidad medioambiental y equipamientos sociales para la aplicación de la Ley de Dependencia.
