Las multas por vandalismo se podrán pagar con tareas sociales
JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA Dentro de varios meses, cuando un ciudadano que tenga entre 14 y 25 años sea sancionado por la comisión de cualquier acto considerad incívico como orinar, tirar desperdicios, hacer pintadas, destrozar un banco o una marquesina, participar en un botellón o hacer acrobacias con el monopatín en lugares no permitidos, podrá conmutar la sanción económica que se le imponga con la realización de trabajos sociales en beneficio de la comunidad o en actividades formativas. Cada 50 euros de sanción se podrán anular por dos horas de trabajo sociales y el límite diario será de cuatro horas para enjugar la pena.
Este novedoso tratamiento de la regulación de los comportamientos incívicos viene contemplado en la nueva ordenanza de Convivencia Ciudadana que ayer aprobó de manera inicial el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga. El objetivo primordial de esta ordenanza, según explicó el concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade, es el de preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de las demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas, que enriquecen nuestra ciudad.
Parte, para ello, de un principio de garantía de los derechos y libertades individuales y ajusta las medidas punitivas al principio de intervención mínima. De esta manera, las conductas individuales sólo se tipifican como infracciones en la medida en que afectan o impiden el libre ejercicio de las de las demás personas y para su sanción se tienen en cuenta los principios de lesividad y mínima trascendencia. La ordenanza irá acompañada de un reglamento que permitirá que la tramitación de estas sanciones se haga por la vía rápida, evitando los varios meses que tarda ahora la tramitación de un expediente sancionador.
Para ello los expedientes sancionadores serán gestionados por la empresa municipal de recaudación, Gestrisam, que tiene experiencia en instruir de forma rápida y ágil la tramitación y notificación de otras infracciones, como las de trafico. Con ello se ganará tiempo ya que en la actualidad un procedimiento administrativo por infracción puede demorarse un año y esta tramitación más rápida permitirá una respuesta en pocos meses. Ello hará posible, en un futuro próximo, que las infracciones cometidas se salden con rapidez "y ofreciendo una respuesta social satisfactoria a la comunidad perjudicada", según Andrade.
Otra novedad será la rebaja de la sanción económica por pronto pago: si el denunciado, bien en el acto, bien en un plazo breve, reconoce su error, asume su responsabilidad y acepta el pago voluntario de la multa, ésta reducirá su importe en un 30%.
