El mantenimiento de los colegios de Málaga agobia al Ayuntamiento
El Ayuntamiento asegura que se ve obligado a asumir arreglos que, por su magnitud, corresponden a la Junta de Andalucía
LUCAS MARTÍN MÁLAGA Goteras, humedad, calefactores que no funcionan. La situación de las aulas prefabricadas del colegio Cayetano Bolívar, denunciada esta semana por los padres de los alumnos, ha vuelto a poner de relieve las deficiencias de las infraestructuras de la provincia que, según los sindicatos, no sólo se limitan a este tipo instalaciones, sino también a edificios consolidados y avejentados por el uso. Según el PP, el 52 por ciento de los centros de enseñanza tienen más de 35 años y presentan síntomas de deterioro. La competencia en conservación y mantenimiento, en lo que respecta a infantil y primaria, corresponde a los municipios, que, en algunos casos como el de Málaga, se confiesan con dificultades para asimilar el volumen y la envergadura de las reparaciones.
El delegado de Cultura y Educación de la capital, Miguel Briones, reconoce que la ley obliga al Consistorio a asumir los desperfectos, pero justifica los problemas actuales en la decadencia estructural de los edificios y la naturaleza de las anomalías a las que se enfrentan a diario los alumnos. «No se trata de cambiar una tubería, sino de renovar íntegramente zonas enteras», puntualiza.
Briones insiste en que el Ayuntamiento malagueño ha tomado la iniciativa en multitud de ocasiones para hacer frente a deficiencias cuyo arreglo no le corresponde. «Hemos tenido que derribar baños y hacerlos nuevos y eso es mucho más que un problema puntual», indica. Para el responsable municipal de Educación, la responsabilidad del mal estado de muchos centros está muy clara y apunta directamente a la administración autonómica. «Lo que hace falta es invertir y hacer más colegios y la Junta es la primera que no atiende la demanda de escolarización y proporciona módulos provisionales», dice.
De acuerdo con los datos de Fran Oblaré, parlamentario andaluz del PP, la provincia cuenta con un total de trescientas aulas prefabricadas en las que cursan sus estudios alrededor de 4.500 estudiantes. Muchas de estas estructuras, arbitradas en su día como solución provisional al incremento demográfico, adolecen de dificultades añadidas como la falta de regulación de la temperatura y la inclusión de servicios no adaptados a las características de sus usuarios, en su mayoría, menores de diez años. «El problema de estos módulos es doble, no es sólo que no estén preparados, sino que separan a los alumnos de la dinámica del colegio», precisa.
Oblaré se refiere también a las carencias del resto de centros que, en muchos casos, han tenido que renunciar a las zonas comunes para improvisar nuevas aulas. Una denuncia que suscribe asimismo el responsable de educación en CCOO, José Fernández, que lamenta la tendencia de la administración a reaccionar con retraso a aumentos de la demanda que resultan presumibles. «Siempre vamos por detrás y la Junta y los ayuntamientos no se ponen de acuerdo. Hace falta un pacto en educación», indica.
Su homóloga en el sindicato CSI-CSIF, Ramoni Ruiz, tampoco se muestra indiferente al deterioro que lastran los centros. Asegura que la mitad de los edificios conviven con goteras y problemas que van desde la rotura de cristales a la ausencia de ventanas. Insiste en que se trata de una cuestión de prioridades. «Las nuevas tecnologías son importantes , nadie lo discute, pero habría que destinar el presupuesto a cuestiones más perentorias como las instalaciones generales», reseña.
Aulas prefabricadas y antigüedad
Clases sin luz natural, ordenadores inutilizados por la debilidad del sistema eléctrico, baños de adultos para atender las necesidades de menores de 5 años. La relación de deficiencias aportada por los sindicatos CCOO y CSIF y el PP convoca al esperpento, aunque sólo sea por la visibilidad de sus ejemplos más extremos. Las carencias de las aulas prefabricadas se añaden al deterioro de la planta de edificios, que, en más de un cincuenta por ciento, soporta los efectos del trasiego diario de cientos de niños durante algo más de tres décadas. Los problemas, señalan, coinciden en las zonas de mayor presión demográfica: la Costa del Sol, pero también la capital y sus denominados barrios de expansión. Según el último informe del PP, la provincia requiere 104 colegios nuevos para abandonar definitivamente la cultura de los módulos prefabricados. «No se puede entender que se hable de centros TIC cuando muchos centros del interior y de la capital no pueden tener acceso a internet porque disponen de una instalación inadecuada», señala el parlamentario Fran Oblaré. La Junta y los ayuntamientos, obligados a entenderse.
