Vecinos afirman que parte de la deuda con Emasa es de inquilinos anteriores
Una afectada dice que se le pide dinero de 2005 y que ocupó su casa dos años atrás · El Consistorio invita a los inquilinos a acudir a la sede para aclarar la situación
S. Sánchez / Málaga | Actualizado 09.10.2009 - 01:00
Vecinos de la barriada de La Corta afectados por el corte de agua decretado hace unos días por Emasa (Empresa Municipal de Aguas) ante el impago masivo de facturas aseguraron ayer que parte de la deuda que se les reclama proviene de una época en la que ellos no vivían en la zona. Así lo expusieron algunos de los damnificados a varios concejales del PSOE en el Ayuntamiento de la capital que visitaron la zona, donde se levantan unas 220 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler, lo que hace factible que los ocupantes puedan ir variando con el paso del tiempo.
En este encuentro, los inquilinos se quejaron de la acción adoptada. Belén Arias, que habita uno de los bloques que se quedó sin agua, explica que cuando le dieron su casa, hace ya unos siete años, "lo hicieron con luz y agua. No me preocupé ni de contadores ni de nada", se justifica, al tiempo que precisa que ahora le reclaman el pago de unos 2.300 euros.
"A una vecina mía le piden 6.000 euros y a un vecino, que lleva seis meses, que no tiene lavadora ni termo, le piden otros 2.300 euros", expuso, al tiempo que insistió en que la posición de los vecinos no es la de negarse a pagar las facturas. "Desde Emasa nos dicen que hay que llegar a un acuerdo y pagar esas cantidades y si no nos meten en la vía penal. En esa situación firmas lo que te pongan por delante, porque ganas de dormir en la comisaría no tengo", ironiza. Sandra Santiago, otra afectada, comenta a este periódico que llegó al piso dos años atrás, mientras que el pago que se le demanda es el acumulado desde 2005. "Fui a Emasa a preguntar, fui a enseñar mi contrato y no quisieron mirarlo", comenta. Sobre el corte de agua, Belén es contundente: "Y de golpe y porrazo, sin avisar, nos han hecho esto. Si en La Corta hay poca mierda, sin agua nos podemos morir de asco".
Ante estos hechos, los tres ediles del PSOE que visitaron el barrio, Begoña Medina, Luis Reina y Sergio Brenes, reclamaron una solución "urgente" y apuntaron que la solución puede pasar por que "cada inquilino cuente con su contador a su nombre, para que así, cada uno se responsabilice de su propio gasto y se pueda llegar a la regularización".
"No entendemos cómo con familias con tan pocos recursos se adopta una medida tan drástica, con los problemas de salubridad e higiene que se pueden crear con el corte del suministro", apostilló Medina, que insistió en reclamar que el listado de deudores se remita a los servicios sociales para que determine aquellos que no pueden hacer frente al pago de la deuda.
Consultada por las quejas de los vecinos, la concejala de Medio Ambiente, Araceli González, admitió la dificultad en algunos casos, cuando no existe un contrato directo con Emasa, de determinar el tiempo que llevan ciertos inquilinos ocupando una vivienda. En esas circunstancias, invitó a los afectados a que ante la duda acudan a las dependencias de la sociedad municipal para aclarar el asunto. "En cuanto hay una prueba fehaciente del tiempo que llevan en la casa, como puede ser un contrato de luz, se concreta el gasto y si se ha cobrado de más, se le devuelve la diferencia", apuntó. Además, precisó que en el caso de algunos de los afectados ya existe un acuerdo para que puedan abonar la cuantía de en un largo plazo, con una cuota de unos 20 euros mensuales.
En este encuentro, los inquilinos se quejaron de la acción adoptada. Belén Arias, que habita uno de los bloques que se quedó sin agua, explica que cuando le dieron su casa, hace ya unos siete años, "lo hicieron con luz y agua. No me preocupé ni de contadores ni de nada", se justifica, al tiempo que precisa que ahora le reclaman el pago de unos 2.300 euros.
"A una vecina mía le piden 6.000 euros y a un vecino, que lleva seis meses, que no tiene lavadora ni termo, le piden otros 2.300 euros", expuso, al tiempo que insistió en que la posición de los vecinos no es la de negarse a pagar las facturas. "Desde Emasa nos dicen que hay que llegar a un acuerdo y pagar esas cantidades y si no nos meten en la vía penal. En esa situación firmas lo que te pongan por delante, porque ganas de dormir en la comisaría no tengo", ironiza. Sandra Santiago, otra afectada, comenta a este periódico que llegó al piso dos años atrás, mientras que el pago que se le demanda es el acumulado desde 2005. "Fui a Emasa a preguntar, fui a enseñar mi contrato y no quisieron mirarlo", comenta. Sobre el corte de agua, Belén es contundente: "Y de golpe y porrazo, sin avisar, nos han hecho esto. Si en La Corta hay poca mierda, sin agua nos podemos morir de asco".
Ante estos hechos, los tres ediles del PSOE que visitaron el barrio, Begoña Medina, Luis Reina y Sergio Brenes, reclamaron una solución "urgente" y apuntaron que la solución puede pasar por que "cada inquilino cuente con su contador a su nombre, para que así, cada uno se responsabilice de su propio gasto y se pueda llegar a la regularización".
"No entendemos cómo con familias con tan pocos recursos se adopta una medida tan drástica, con los problemas de salubridad e higiene que se pueden crear con el corte del suministro", apostilló Medina, que insistió en reclamar que el listado de deudores se remita a los servicios sociales para que determine aquellos que no pueden hacer frente al pago de la deuda.
Consultada por las quejas de los vecinos, la concejala de Medio Ambiente, Araceli González, admitió la dificultad en algunos casos, cuando no existe un contrato directo con Emasa, de determinar el tiempo que llevan ciertos inquilinos ocupando una vivienda. En esas circunstancias, invitó a los afectados a que ante la duda acudan a las dependencias de la sociedad municipal para aclarar el asunto. "En cuanto hay una prueba fehaciente del tiempo que llevan en la casa, como puede ser un contrato de luz, se concreta el gasto y si se ha cobrado de más, se le devuelve la diferencia", apuntó. Además, precisó que en el caso de algunos de los afectados ya existe un acuerdo para que puedan abonar la cuantía de en un largo plazo, con una cuota de unos 20 euros mensuales.
