Controles públicos, el Gran Hermano de los funcionarios
Fichas, tarjetas, claves y huellas dactilares son sólo algunos sistemas para controlar al personal
LUCAS MARTÍN. MÁLAGA Dicen que son un prodigio de la naturaleza, que desayunan nueve veces en una misma jornada, que fuman como si tuvieran una reserva de bronquios. Forman parte de una de las profesiones más afectadas por la envidia y el tópico. En España, ya se sabe. Los médicos matan, los artistas incurren en el adulterio y los funcionarios no trabajan. Pero, ¿qué hay de cierto en la leyenda?¿Es un producto más de la literatura, de la ciencia exagerada?
Las fuentes consultadas por este periódico, oficiales, informales y locuaces, contribuyen a dibujar una respuesta tibia, repleta de matices. Si los funcionarios siguieran a pies juntillas el lugar común, el país hace rato que se habría volatizado. La mayoría cumple con su tarea, pero la ambivalencia se dispara en dosis minoritarias. La genética del español habla de una capacidad extrema para el esfuerzo, aunque también de otras cosas. Entre ellas, la trampa menor, la picaresca, la solidaridad chapucera para librar puntualmente de un aprieto al otro.
En líneas generales, Málaga puede sentirse orgullosa de sus funcionarios. Pero cuando los trabajadores se cuentan por miles, siempre hay lugar para la excepción y el escarnio. Lo más común, burlar los sistemas de control y seguridad, reglamentados y puestos en práctica en todos los rincones de la cosa pública, incluidos los más reducidos.
Las administraciones no son iguales, pero se asemejan. El absentismo se paga caro. Los funcionarios suelen tener un horario obligatorio y otro de cumplimiento flexible, sometido a detracciones de sueldo si no se da ni golpe. El método más extendido son las tarjetas de banda magnética. Se ficha a la entrada y a la salida, como en los tiempos de las grandes fábricas. A partir de ahí, restallan las variantes: algunos, caso de la Diputación de Málaga, extienden los controles a la computadora, otros multiplican el número de dispositivos, la Ciudad de la Justicia se rige por claves. El más eficaz, el del Ayuntamiento de Marbella, que emplea el sistema infalible de las huellas dactilares.
Allí se ha pasado de la anarquía a la vanguardia del orden. Hasta hace unos meses, los funcionarios podían entrar y salir como si caminaran por un parque. Nadie supervisaba si cumplían escrupulosamente su horario de trabajo. El refuerzo ha costado alrededor de 60.000 euros. Su eficacia está contrastada, sobre todo si se compara con el modelo más usual, el de las tarjetas. "El pillaje está en que a veces se ficha por el compañero, se le hace el favor, aunque sea minoritario", comenta uno de los trabajadores.
La picaresca en la administración funciona con la precisión de los escándalos. La trampa es residual, pero si sale a la luz, resuena como si se tratase de una práctica habitual, extrapolable al resto de los trabajadores. No es sólo por las malas lenguas, sino porque algunas de las trampas, por muy anecdóticas que resulten, son de campeonato. En la Ciudad de la Justicia hubo un funcionario de baja que seguía fichando cada mañana. No por el don de la ubicuidad, sino por la maña de un compañero.
También se han registrado otros episodios rotundos y sonados. El único tópico que sabe a realidad es el de las familias: en todas las casas cuecen habas. En la administración, la excepción la conforman expedientes de trabajadores más preocupados por matar marcianos en el ordenador que por revisar papeles, ramilletes de tarjetas en una sola mano.
Un funcionario de la Junta de Andalucía relata el caso de un trabajador de Sevilla que acumuló una deuda de horas de trabajo que casi superaba el año. En Málaga, las últimas décadas también han dejado aventuras en el cuerpo de funcionarios. Infrecuentes, exóticas, pero con el peso suficiente como para inspirar un refuerzo de la seguridad, de control y caza de la oveja negra del rebaño. Desde los relojes sofisticados del Ayuntamiento de Málaga a las primas ofrecidas en Vélez Málaga para huir de tentaciones no regladas como el escaqueo y el rendimiento bajo.
En la delegación provincial de Hacienda, el capítulo más estruendoso tiene que ver con la imagen. Hace unos meses, se les pidió a los funcionarios que se reincorporaran a sus puestos por la puerta de atrás. No por seguridad, sino porque el público se había quejado. Algunos de ellos regresaban con bolsas de la compra y paquetes con el emblema de los centros comerciales más cercanos. Algo que, si bien puede resultar perfectamente compatible con el horario y los descansos estipulados, alimenta el tópico. Aun así, en estas vicisitudes, en la de la proyección hacia el público, la cosa ha mejorado. Pocos son los que fuman en las puertas de los edificios, debajo del arco. Prefieren hacerlo dentro, en zonas habilitadas. Entre otras cuestiones, porque así pueden detraerse de incomodidades como pasar la tarjeta y que conste en acta.
En el Ayuntamiento de Málaga, se fuma en el tejado, encima del reloj, entre gaviotas y pájaros. En la Subdelegación de Gobierno, los trabajadores se apiñan en los patios, en las áreas no techadas. Otros confiesan que no están dispuestos a perder el tiempo y vulneran la ley a la manera ya convencional y clásica. Cuando nadie les mira, abren las ventanas, improvisan un cenicero y tragan humo entre informes y cartapacios.
El riesgo, también aquí, es alto. No tanto por fumar, como por saltarse las horas de trabajo. No existe ninguna administración que no incluya sanciones, que, en algunos casos, pueden derivar en expedientes e, incluso, en la tramitación de la expulsión, de la pérdida de la plaza. En la provincia, existen pocas referencias de capítulos tan graves, aunque sí se han dado los menores. En el Consistorio de la capital, la aplicación del nuevo sistema de control coincidió con sanciones para una veintena de empleados en los primeros cinco meses de funcionamiento. En la Ciudad de la Justicia, se emiten circulares que rozan la amenaza. Quién no cumpla, que se atenga a las consecuencias, funestas en la reputación y en el salario.
El dilema siempre es el mismo: ¿El control supone la criminalización del empleado? ¿La desconfianza hacia la profesionalidad del funcionario? ¿Existen tantos casos de absentismo como para justificar la inversión en vigilancia? La administración apela al sentido de lo público, que obliga a mantener un rigor que debe resultar ejemplarizante. Además, alude a los valores subsidiarios de los sistemas de entrada, que permiten, entre otras cosas, que un intruso no se cuele en el despacho. La picaresca, afortunadamente, no es la tónica. Los sistemas van camino de perfeccionarse y de disuadir a la minoría díscola. No siempre existe la oportunidad para el pecado. Especialmente, en las administraciones más pequeñas. En España abunda la solidaridad, pero no se soporta la desvergüenza.
