El IMV sigue pendiente de adjudicar 276 VPO del sorteo de hace tres años
De la selección inicial fueron excluidos 523 personas por no cumplir los requisitos y otros 394 han renunciado al piso ante la imposibilidad de asumir su coste
Sebastián Sánchez / Málaga | Actualizado 22.09.2009 - 01:00
Nunca un sorteo para la adquisición de una vivienda de protección oficial (VPO) dio para tanto. Casi tres años después de que el Ayuntamiento de Málaga celebrase lo que algunos calificaron como rifa de 1.301 VPO, la mayoría de ellas en el sector de Soliva, hay aún 276 pisos que no tienen propietario. El incumplimiento de parte de los requisitos que impone la normativa a los preseleccionados en el sorteo, unido a la incapacidad económica de otros muchos de asumir el coste del inmueble, ha obligado a los responsables del Instituto Municipal de Vivienda a realizar un nuevo sorteo en busca de adjudicatarios para estos pisos.
A los técnicos de este departamento, encabezado por el concejal Diego Maldonado, no les ha quedado más remedio que indagar en la lista original de solicitantes, que alcanzó la cifra de 23.000 personas. El punto de partida que se toma en esta segunda vuelta es el sorteo que el pasado 31 de julio tuvo lugar en el despacho del notario Julián Madera Flores, con presencia de los responsables del IMV y de la Junta de Andalucía. En esta cita, se extrajo una bola, con el 10.649, número a partir del cual se ha empezado a llamar a los solicitantes originales y que no fueron preseleccionados tres años atrás para que confirmen si están dispuestos y en condiciones a hacerse con uno de los 276 VPO que quedan pendientes en este momento.
"La pasada semana se empezaron a enviar las cartas llamando uno a uno a las 276 personas de la lista de solicitantes que hay a partir del número que salió en el sorteo", expuso a este periódico el gerente del IMV, José María López Cerezo, quien precisó que a partir de ese momento los llamados deberán remitir la documentación necesaria, acreditando que cumplen los requisitos de ingresos mínimos y empadronamiento, entre otros, así como que tienen las condiciones adecuadas para asumir el pago de la vivienda. Si la respuesta es afirmativa, directamente se les da la opción a elegir el piso, mientras que si es negativa, la lista continuaría hacia el siguiente candidato.
López Cerezo recordó que en el sorteo de Navidad de 2006 se extrajo un total de 1.942 números, 1.301 preseleccionados para las viviendas objeto del procedimiento y el resto como reserva. A lo largo de los meses siguientes, se inició la criba que permitió determinar que había 523 personas que no cumplían con las exigencias municipales, caso de ingresos mínimos, tenencia de otra vivienda o empadronamiento, por lo que fueron excluidas del proceso.
A esa cifra, según el gerente, ha habido que sumar otros 394 seleccionados que optaron por renunciar a la adjudicación inicial del piso al percatarse de que sus condiciones económicas no eran las más adecuadas. "En el 99% de los casos la razón que han esgrimido ha sido esa", comentó. Mucho tiene que ver en ello el endurecimiento de los criterios de las entidades bancarias para conceder créditos a los compradores de viviendas, no sólo de renta libre, sino también de protección oficial.
Precisamente, la escasa disposición de los bancos y cajas de ahorro a prestar dinero para adquirir una vivienda puede convertirse en uno de los problemas para los futuros adjudicatarios, dado que el tiempo del que dispondrán para hacer frente al coste de uno de estos inmuebles (de unos 100.000 euros), es limitado, dado que la previsión es que empiecen a ser ocupados a principios de 2010.
A los técnicos de este departamento, encabezado por el concejal Diego Maldonado, no les ha quedado más remedio que indagar en la lista original de solicitantes, que alcanzó la cifra de 23.000 personas. El punto de partida que se toma en esta segunda vuelta es el sorteo que el pasado 31 de julio tuvo lugar en el despacho del notario Julián Madera Flores, con presencia de los responsables del IMV y de la Junta de Andalucía. En esta cita, se extrajo una bola, con el 10.649, número a partir del cual se ha empezado a llamar a los solicitantes originales y que no fueron preseleccionados tres años atrás para que confirmen si están dispuestos y en condiciones a hacerse con uno de los 276 VPO que quedan pendientes en este momento.
"La pasada semana se empezaron a enviar las cartas llamando uno a uno a las 276 personas de la lista de solicitantes que hay a partir del número que salió en el sorteo", expuso a este periódico el gerente del IMV, José María López Cerezo, quien precisó que a partir de ese momento los llamados deberán remitir la documentación necesaria, acreditando que cumplen los requisitos de ingresos mínimos y empadronamiento, entre otros, así como que tienen las condiciones adecuadas para asumir el pago de la vivienda. Si la respuesta es afirmativa, directamente se les da la opción a elegir el piso, mientras que si es negativa, la lista continuaría hacia el siguiente candidato.
López Cerezo recordó que en el sorteo de Navidad de 2006 se extrajo un total de 1.942 números, 1.301 preseleccionados para las viviendas objeto del procedimiento y el resto como reserva. A lo largo de los meses siguientes, se inició la criba que permitió determinar que había 523 personas que no cumplían con las exigencias municipales, caso de ingresos mínimos, tenencia de otra vivienda o empadronamiento, por lo que fueron excluidas del proceso.
A esa cifra, según el gerente, ha habido que sumar otros 394 seleccionados que optaron por renunciar a la adjudicación inicial del piso al percatarse de que sus condiciones económicas no eran las más adecuadas. "En el 99% de los casos la razón que han esgrimido ha sido esa", comentó. Mucho tiene que ver en ello el endurecimiento de los criterios de las entidades bancarias para conceder créditos a los compradores de viviendas, no sólo de renta libre, sino también de protección oficial.
Precisamente, la escasa disposición de los bancos y cajas de ahorro a prestar dinero para adquirir una vivienda puede convertirse en uno de los problemas para los futuros adjudicatarios, dado que el tiempo del que dispondrán para hacer frente al coste de uno de estos inmuebles (de unos 100.000 euros), es limitado, dado que la previsión es que empiecen a ser ocupados a principios de 2010.
